Diputado del PRD trabaja en reformas de ley para obtener más fácilmente una identidad jurídica de género.
Para mujeres y hombres transgénero y transexuales el reconocimiento
legal de su identidad de género es un procedimiento costoso, tardado y
excluyente. Un habitante capitalino de este grupo vulnerable debe
recurrir a peritajes médicos y a un juicio antes de poder modificar su
acta de nacimiento y ser reconocido legalmente como mujer u hombre en su
acta de nacimiento.
Pero la llamada Ley de Concordancia Sexo-Genérica del DF aprobada en
2008, producto de reformas a los códigos Civil, de Procedimientos
Civiles y Financiero, para que aquellos que se identifican con el género
contrario a su sexo de nacimiento accedan al reconocimiento legal de su
identidad, podría simplificarse a un solo trámite administrativo en el
Registro Civil.
"Se eliminarían los dictámenes médicos, nos parece que no es
indispensable. Si una persona toma esa decisión, no veo por qué tenga
que haber un dictamen", afirma a EL UNIVERSAL el diputado local, Vidal
Llerenas, quien encabeza la propuesta de simplificación de trámites, así
como medidas para personas en reclusión y niños y niñas, que podría
discutirse antes de que termine el año.
El proceso actual excluye a quienes no tienen dinero -cerca de 40 mil
pesos- para contratar abogados y dos peritos médicos que avalen que el
solicitante, en los últimos cinco meses, ha estado en un proceso de
reasignación sexo-genérica, es decir, entrenamiento de expresión de rol
de género, suministro de hormonas, psicoterapia o intervenciones
quirúrgicas. Luego, se debe promover un juicio ante un juez familiar,
que decidirá el cambio de género.
Desde la aprobación de la Ley de Concordancia Sexo-Genérica, sólo se han
concluido trámites de 144 solicitantes para modificar su acta de
nacimiento entre 2009 y julio de 2013, según datos del Registro Civil
del DF. De éstos, 33 son personas de otras entidades.
Los trámites se quedan cortos frente a la población de 83 mil a 121 mil
personas transgénero y 569 hombres y mujeres transexuales que vivien en
el DF, según estimaciones hechas en 2007 por la Comisión de Derechos
Humanos del DF. Las personas trans son como "indocumentados en su propia
patria", señalaron hace cinco años en un texto Rodolfo y Abril Alcaraz,
especialistas en el tema.
Por falta de reconocimiento legal, "se trunca su educación y su acceso a
empleos, porque no las aceptan cuando tienen documentos legales de
hombre y en realidad son mujeres", agrega Arantxa Colchero,
investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), al
referirse a las mujeres transgénero, una población con una prevalencia
de 30% de VIH.
La salida laboral es, en muchos casos, el trabajo sexual, los shows
travestis o el comercio informal para esta población, dijo.
Para Jacqueline L'Hoist, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en la Ciudad de México (Copred), quien ha asesorado el
proyecto legislativo mencionado, la ley actual de reconocimiento
jurídico equivale a "no respetar un derecho fundamental de decidir sobre
mi cuerpo", explica.
El análisis
Hay dos temas prioritarios en el análisis para modificar la "ley trans"
de 2008. Según Vidal LLerenas, el reconocimiento jurídico a través de un
simple trámite administrativo sólo debe aplicarse a personas nacidas en
el DF porque las autoridades locales no pueden hacer un trámite que
cambie un acta de nacimiento de otra entidad federativa, asegura.
El otro aspecto son los trámites para niños trans y aquí no se vislumbra
un gran cambio. "Sí tiene que haber un peritaje, pero puede ser distinto
al que estamos teniendo, que no es el mejor", sostiene Llerenas. Otro
paso necesario es legislar para que no haya discriminación en las
escuelas.
La organización Gender Spectrum, de Estados Unidos, señala que de los 3
a 5 años los niños definen su identidad de género.
Jacqueline L'Hoist puntualiza que la legislación debe atender la
transición en tres aspectos: social, es decir, el hecho de vestir según
su identidad genérica y no ser discriminado en la escuela; legal para
reconocer del derecho infantil a decidir su identidad de género, y
médica para la posibilidad de acceso a un proceso hormonal o quirúrgico.
Reclusión
La simplificación de trámites incluiría abrir la posibilidad de que la
población trans presa acceda al trámite aún en la cárcel y así, estar
con reclusos de su mismo género para cuidar su integridad y evitar la
discriminación. Situaciones como éstas son vigiladas por asociaciones
civiles como Almas Cautivas.
Activistas transexuales como Gloria Hazel Davenport, dicen que la
iniciativa debe atender la salud con centros especializados con
psicoterapia y tratamientos hormonales, que la comunidad trans solicitó
desde las reformas del año 2008.
David Razú, ex diputado local, afirma que el reconocimiento de la
identidad de género debe ser un derecho fundamental, que priorice la
voluntad de una persona trans de hacer el trámite.
